Rep. Dominicana

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Puesta en práctica de nueva ley contra violencia sexual constituye importante desafío para el movimiento de mujeres.

Aborto República Dominicana
Fuente: acento.com.do

Este año empezó con un resonante triunfo para las dominicanas. Coronando décadas de esfuerzos, se logró la aprobación, por parte de las Cámaras Legislativas de modificaciones al Código Penal que introducen una moderna tipificación de la violencia, amplía la gama de agresiones a considerar y aumenta significativamente las penas por crímenes y delitos que afectan de modo central a la población femenina. La violencia sexual, por primera vez, es estipulada como un asunto público y privado.

LOS CONTENIDOS

“Constituye violencia contra la mujer toda acción o conducta, pública o privada, en razón de género, que causa daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, mediante el empleo de fuerza física o violencia sicológica, verbal, intimidación o persecución”, reza el artículo. Dentro de los considerandos  de la nueva ley se establece que “la mujer dominicana es objeto de violencia, que corresponde a los poderes públicos sancionar, toda vez que la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar son problemas socioculturales que atentan contra los derechos humanos y ponen en peligro el desarrollo de la sociedad”. La agresión sexual, precedida o acompañada de actos de tortura o barbarie, se castiga con penas de diez a veinte años de reclusión, pudiendo llegar hasta treinta años si existen circunstancias agravantes (cuando las víctimas son infantes o personas discapacitadas o embarazadas, cuando el crimen es cometido por ascendientes, entre otras situaciones).

Se han eliminado arcaísmos, como el artículo de la ley anterior que calificaba el adulterio como atenuante del asesinato de la mujer por parte del marido. Asimismo, se ha tipificado la violencia sexual de un modo que abarca el incesto (no contemplado anteriormente), la violación dentro del matrimonio, amenazas, persecuciones, chantajes y acoso.Incluye, además, un recurso a utilizar por las mujeres violentadas o amenazadas: la orden de protección, a ser impartida por un juez que prohibe al agresor (o posible) acercarse más allá de un perímetro de 300 metros.

LO INTOCADO: EL ABORTO

El Código Penal fija penas de hasta 20 años de reclusión para personas involucradas en aborto. Esta parte se ha dejado inalterada en la nueva ley que toca la violencia contra la mujer, a pesar de ser el aborto la segunda causa de muerte de mujeres en República Dominicana.Lourdes Contreras, miembra de la Comisión Asesora del Senado y del Equipo de Participación Política de la Coordinadora de ONG del Area de la Mujer, expresa que fue esa la parte sacrificada en aras de obtener el consenso necesario para las modificaciones introducidas. Las representantes de los distintos partidos políticos, aunadas en el proceso de cambio en las leyes, eludieron este aspecto que las confrontaría con sus partidos y, particularmente, con la iglesia católica.

“Se mantiene una penalización contra el aborto insólita dentro de la legislación latinoamericana. No se hacen excepciones ni en los casos de interrupciones del embarazo por razones terapéuticas, ni en situaciones de violación”, recalca Contreras, llamando la atención sobre este mecanismo de negación social ante un problema de gravedad.La prensa de esta semana reseña la violación de un padres a dos hijas menores, una de las cuales se haya embarazada ¿quién da respuesta a este drama y a los tantos de maternidad forzada?, se pregunta la feminista.

EL PROCESO

“El hecho de que mujeres de una variedad tan amplia de ideas se pusieran de acuerdo para confrontar la ideología patriarcal presente en los legisladores, hizo posible que éstos entendieran que los intereses comunes de las mujeres no pueden ser marginados. Por otro lado, en el debate entre las mujeres se evidenció cuán necesario es enfrentarnos a nuestra realidad para producir reflexiones que podamos transferir a los espacios políticos”, explica Contreras.

Tras ese paso están: eventos de análisis por parte de las organizaciones, especialmente de la Coordinadora de ONGs de Mujeres y de la Dirección General de Promoción de la Mujer, cientos de acciones educativas y de sensibilización llevadas a cabo en todos los ámbitos y lugares, la formulación de variados proyectos de modificación, la iniciativa de la única y carismática senadora (Milagros Ortiz Bosch) para formar la Comisión Asesora del Senado.Y a seguidas, las reuniones, debates y acuerdos de las mujeres de los distintos partidos con representación congresional y de las representantes de las organizaciones de mujeres; el lobby, las estrategias de comunicación, etc…. un sostenido esfuerzo de consenso entre las mujeres y, al final, una muestra de la seriedad que toman sus demandas cuando se ponen de acuerdo en sus intereses comunes.

LA OTRA GRAN MARCHA

La cuestión en este momento es lograr la aplicación de la ley. La corresponsal de fempress interroga a Contreras al respecto. Las tareas de educación, difusión, sensibilización son infinitas.”Sensibilizar, educar a los abogados para que sean capaces de defender a las agredidas. A los sistemas de administración de la justicia, desde la Policía Nacional hasta los jueces a las mujeres para que conozcan los alcances, posibilidades y procedimientos de la ley, a los hombres para que sepan a lo que se exponen”, anota la feminista. Ambas reímos, sabiendo que este camino no es tan sólo largo, sino impredecible, arduo, con rutas de círculos y espirales.